El Senado de México aprobó una ley que refuerza el combate contra la corrupción, un flagelo que
afecta a buena parte de las instituciones y que recientemente ha generado
escándalos en el país.
La nueva ley, que fue aprobada por 97 votos a favor, ocho en contra y
dos abstenciones, ya había pasado anteriormente por la Cámara de Diputados.
"Se remite a los Congresos estatales" para su aprobación,
anunció el presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa, al
término de la maratónica sesión.
Esta legislación abre camino para crear el Sistema Nacional
Anticorrupción, otorgando mayores facultades a la Auditoría Superior de la
Federación para investigar la forma en que los estados y municipios invierten
los recursos que provienen del gobierno federal.
De las 2,500 denuncias que fueron promovidas en 2012 por mal uso de
recursos, apenas siete funcionarios resultaron sancionados en México, un país
que ocupa el lugar 103 -entre 174 naciones- en el Índice de Percepción de
Corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
La ley anticorrupción en el Congreso mexicano fue fuertemente apoyada
por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero la
izquierda advirtió sobre sus limitaciones al mantener el "fuero" del
Presidente de la República, un mecanismo que otorga cierta inmunidad al
mandatario.
Recientemente, la cúpula política de México se ha visto involucrada en
varias polémicas sobre privilegios y sospechas de conflicto de intereses.
Uno de los más sonados fue el protagonizado el año pasado por la primera
dama Angélica Rivera, al revelarse que meses antes de la victoria electoral del
presidente Enrique Peña Nieto en 2012 adquirió una mansión de cuatro millones
de dólares a un importante contratista gubernamental.
La polémica creció al conocerse que el propio Peña Nieto y el ministro
de Hacienda, Luis Videgaray, también habían comprado casas a contratistas en
años anteriores.
Presionado por el escándalo, Peña Nieto relanzó en febrero la secretaría
(ministerio) de la Función Pública que, dirigida por un miembro del PRI,
investiga si hubo conflicto de interés en las compras de las mansiones. Sin
embargo, muchos criticaron esta medida por considerar que no propició una investigación
independiente.
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